AIPE: 8000 estudiantes en el limbo después que una Universidad de Sídney decidiera cancelarle su registro

  • Publicado el: 09/13/16 1:29 PM
  • Escrito por: Viva Australia

Miles de estudiantes quedan a la deriva el año que viene después de que una universidad privada de Sydney hiciera que el gobierno federal cancelara su registro.
El Instituto Australiano de Educación Profesional, propiedad de un ex médico del hospital Royal North Shore, y magnate de bienes raíces, así como presidente galardonado, hizo que el registro de dicha institución fuera cancelada el martes después de una investigación por parte de la Autoridad de Calidad de Habilidades australianas (ASQA, siglas en inglés).
Son alrededor de 8000 estudiantes que se han matriculado en los diferentes cursos presenciales y cursos virtuales de negocios y marketing en el piso 11 del campus en el centro de Sydney CBD, una de las mayores universidades privadas en el país.
La institución AIPE les costó a los contribuyentes cerca de un millón de dólares por graduado el año pasado.
Esta entregó 117 títulos por 110 millones dólares en fondos de la Commonwealth, la cual recibe 10 millones de dólares más que toda la iniciativa contra la violencia doméstica del Gobierno Federal.
La decisión se produce después de que una investigación de Fairfax Media en diciembre reveló que la universidad había inscrito estudiantes de algunas de las zonas más pobres del estado elevando la deuda a decenas de miles de dólares. La ASQA encontró que algunos de estos estudiantes habían sido inscritos sin su conocimiento.
En julio el Presidente Ejecutivo de la universidad, Amjad Khanche, se jactó en una audiencia del Comité del Senado federal que AIPE era un niño del cartel para la formación profesional, etiquetándolo como el sector de “Mercedes” después de haber recibido otros 104 millones de dólares en fondos de la Commonwealth en 2015.
Otras dos universidades, la Unique International en Granville de 57 millones de dólares y el Instituto de Fénix en Melbourne, también tuvieron sus registros cancelados por la ASQA.
Ambos enfrentan acciones legales por parte de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor en recuperar más de cien millones de dólares en deuda estudiantil.
Un tercero, el Instituto Empower en Blacktown, también se enfrenta a una acción legal en la Corte Federal después de que sólo cinco (5) de cada cuatro mil (4000) estudiantes se graduó, costando a los contribuyentes noventa (90) millones de dólares.
Este año su propietario, el empresario Jin Yang, compró “Petalinda,” una casa avaluada en nueve (9) millones en el distrito de Sydney Hills, la cual consta de sauna, una cancha de tenis, tecnología de escaneo de huellas digitales y una piscina cubierta de 23m cuadrados.
En julio, el Presidente de AIPE, Amjad Khanche, manifestó ante el senado como el comportamiento de algunos educadores en el sector empañaba la reputación de los demás.
“Estoy profundamente decepcionado de que el comportamiento de los proveedores compromete el prestigio de proveedores como AIPE, que se ha comprometido a ofrecer a nuestros estudiantes la mejor [educación y formación profesional]”, dijo.
El Presidente de AIPE fue elogiado una vez más por sus logros empresariales en el Parlamento de Nueva Gales del Sur en septiembre.
La Fairfax Media y el AQSA ya han revelado que AIPE utiliza intermediarios sin escrúpulos en reclutar a algunos de los estudiantes más desfavorecidos del estado.
Una ex alumna de la universidad, Helen Fielding, le dijo a Fairfax Media que fue entrenada por teléfono por agentes de la institución para inscribirse en un curso de Gerencia en Recursos Humanos por un valor de $19.600 dólares.
La ex estudiante de 21 años de edad creció en hogares sustitutos de guarda y tiene una obvia discapacidad intelectual.
“No soy buena en la lectura”, dijo a su comisión de vivienda a las afueras de Newcastle. “Cuando yo estaba en el teléfono, ellos decían todo por mí, en vez de dejarme hacerlo por mí misma.”
AIPE culpó la inscripción de la señora Fielding, así como de otros cientos de estudiantes, a terceros.
Pero los documentos internos obtenidos por Fairfax Media revelaron, que en el caso de la señora Fielding, el director de las operaciones comerciales de AIPE, John Luhr, estaba en el otro extremo del teléfono autorizando $20.000 dólares de deuda con la Commonwealth para ser puesto a nombre de la señora Fielding.
La Sra. Fielding vive con $200 dólares a la semana después de pagar el alquiler. Ella manifestó que nunca se le habló de esta deuda la cual no tenía esperanzas de volver a pagar. Era la promesa de un ordenador portátil gratis que la había seducido.
AIPE tiene arreglos con seis universidades, incluyendo la Universidad de Tecnología y la Universidad de Western Sídney. Ambas han sido contactadas para que hagan sus respectivos comentarios.
Los documentos ASIC revelan que, junto con el Sr. Khanche, AIPE es co-propiedad de Tej Dugal, un graduado de medicina de la Universidad de Sídney y un ex médico del Hospital Royal North Shore, y de Ajay Vanju, un magnate inmobiliario residente en Sídney, dueño de más de 30 propiedades.
En agosto, los administradores de la universidad se les dio seis meses por AQSA para rectificar problemas en las áreas de reclutamiento, apoyo, apoyo, evaluación y comercialización a los estudiantes por parte de terceros y la información al consumidor en relación con los honorarios y las condiciones de pago.
El martes, el regulador federal encontró la universidad no había cumplido en abordar y solucionar estos problemas. Por ende, un comunicado de AIPE dijo que la universidad había recibido notificación el lunes de la decisión del AQSA para cancelar su registro.
“AIPE impugnará la decisión del AQSA y buscará una revisión de la decisión ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas”, reza el comunicado. “AIPE también buscará una orden donde la decisión del AQSA permita que la institución continúe ofreciendo sus programas educativos y servicios de apoyo hasta que la AAT haya tomado una decisión formal respecto al caso, que es probable que sea a finales del año próximo.”
La universidad tiene hasta febrero para apelar la decisión.

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